El exceso de democracia puede ser peligroso para la democracia. Esa es la conclusión apresurada y superficial que se podría sacar del accidentado proceso del referendo por la independencia de Cataluña, y de la contundente mayoría que logró el Sí (90 por ciento) entre la minoría que salió a votar (solo participó el 42 por ciento de los posibles votantes).
Conclusión parecida se podría sacar de los resultados de las victorias de los separatistas con el brexit en Inglaterra, de los partidarios del No en el referendo por la paz en Colombia, y hasta de los de las consultas populares contra el petróleo y la minería en varios municipios del país.
Pero sería equivocado concluir de estos casos que siempre es negativo acudir a la participación directa de los ciudadanos para decidir sobre cuestiones de importancia para toda la sociedad. El problema es que solo es posible llegar a decisiones razonables cuando se tiene información suficiente y verdadera sobre las consecuencias e implicaciones de la decisión. Y esto es cada vez más difícil en esta época de predominio de la posverdad y las mentiras.
En Cataluña, lo mismo que en Inglaterra, se pintó la independencia como la conquista de la tierra prometida con abundancia de oro y miel. La autonomía tiene muchas ventajas reales, pero estas se exageraron, y se minimizaron o escondieron los costos de la separación. Por ejemplo, no sé si todos los que votaron por el Sí en Cataluña eran conscientes de que la independencia de España implicaba que muchas empresas iban a emigrar a otros países –como ya lo anunciaron La Caixa, el Banco Sabadell y Gas Natural–, implicaba también no poder usar el euro como moneda y, sobre todo, que el Barça ya no jugará la final de la liga española contra el Real Madrid, sino contra el Deportivo Gerona.
Peor aún, cuando para atraer votantes se utilizaron mentiras, como hicieron para promover el brexit prometiendo millonarios ahorros que resultaron falsos, o cuando “emberracaron” a la gente en Colombia para que votara No a la paz con falsas historias sobre el castro-chavismo, las amenazas contra la familia o los pensionados.
No se deben eliminar los referendos, pero sí se puede exigir que las preguntas incluyan los efectos para que la gente sepa a qué atenerse. Por ejemplo, en Cataluña: “¿Aprueba usted la independencia de España y la salida de la comunidad europea y de la zona euro?”. O en Colombia: “¿Aprueba usted el Acuerdo de Paz con las Farc o quiere que siga la guerra hasta que se las pueda derrotar militarmente e imponerle todas las condiciones?”. Tal vez con las preguntas formuladas así, los resultados hubieran sido diferentes.
La participación directa de la ciudadanía es un avance de la democracia, pero puede ser un retroceso; y la democracia está en peligro cuando esa ciudadanía no está bien informada, o peor todavía, engañada.
Adenda. La condena a prisión de Andrés Felipe Arias es una tragedia personal y familiar que no se le puede desear a nadie. Pero a quienes lo defienden diciendo que es una persecución política de una Corte corrupta, hay que recordarles que el primero en condenarlo fue su copartidario, el exprocurador Ordoñez, quien lo destituyó e inhabilitó por 16 años por “faltas gravísimas” en el manejo de Agro Ingreso Seguro.