Con cierto alivio, el país ha recibido la noticia de que los cultivos de coca en el territorio nacional finalmente han dejado de crecer. Según la Casa Blanca, el área cultivada en 2018 fue de 208.000 hectáreas, frente a 209.000 registradas en el año anterior. Aunque esa caída ni siquiera llega a medio punto porcentual, al menos se ha quebrado el ascenso vertiginoso que traían los cultivos ilegales en los últimos años.
El anuncio de estas cifras conlleva dos interrogantes. ¿Cómo se ha logrado detener el avance de los cultivos? ¿Es este el comienzo de una estrategia exitosa que nos permitirá derrotar el narcotráfico?
Detrás de los logros alcanzados hay dos causas principales. La primera es la intensificación que ha hecho la administración Duque de la erradicación forzosa. El gobierno dice haber recibido 23 grupos de erradicación en operación, y actualmente tiene alrededor de 100 en funcionamiento. La Casa Blanca destaca que en esta administración la erradicación ha aumentado 56 por ciento frente al cuatrienio anterior.
La segunda causa tiene que ver con que está quedando atrás uno de los factores que más incidió en el aumento de los cultivos de los últimos años: la compensación prevista en el Acuerdo de Paz para quienes accedieran a hacer sustitución voluntaria, lo que llevó a muchos a aumentar el área cultivada para acceder a esos beneficios.
Ante este panorama, cualquiera diría que la intensificación de la erradicación es el camino a seguir para derrotar al narcotráfico. Sin embargo, hay tres problemas. El primero consiste en que después de erradicar, muchos cultivadores vuelven a sembrar.
Los niveles de resiembra pueden llegar a 50 por ciento, un año después de erradicar. Así, la erradicación se convierte en una especie de lucha de Sísifo empujando su piedra contra la pendiente. La segunda dificultad tiene que ver con los riesgos que conlleva esta estrategia: en los últimos meses, la erradicación ha cobrado la vida de más de diez miembros de la fuerza pública.
Ante esta situación, el gobierno insiste en que lo mejor es regresar a la aspersión con glifosato, para lo cual prepara un decreto que aspira a cumplir las condiciones fijadas por la Corte Constitucional para minimizar los riesgos que existen para la salud humana y el medio ambiente. No hay que olvidar que ya tres jurados en Estados Unidos han fallado a favor de demandantes que aseguran haber desarrollado cáncer por el uso de glifosato, y hay varios cientos de procesos adicionales en curso.
Así estamos: a un lado la espada, al otro la pared. Tomando en cuenta los costos en vidas humanas y los niveles de resiembra que conlleva la erradicación, así como las crecientes inquietudes acerca de los efectos del glifosato sobre la salud humana y el medio ambiente, es evidente que no estamos ante el comienzo del fin, sino ante la reiteración de un sándwich en el que Colombia paga los platos rotos de una estrategia global fallida. Perdemos, incluso cuando parece que hubiéramos ganado un poco.
Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
mauricioreina2002@yahoo.com