No hay límite para el asombro ante las ocurrencias de algunos parlamentarios colombianos.
Un proyecto de ley radicado en el Senado busca resolver la crisis de Electricaribe con la fórmula delirante de expropiar parte de los recursos del Cargo por Confiabilidad y destinarlos a subsidios a usuarios de bajos ingresos, a la financiación de inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de generación eléctrica y a proyectos de inversión para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
Esta idea es absolutamente aberrante y, de convertirse en ley de la República, estaría Colombia abocada a un apagón inmediato.
El cargo por confiabilidad es un monto que los usuarios de energía eléctrica pagamos por el servicio de confiabilidad que otorgan las diferentes plantas de generación eléctrica del país.
Es un pago por energía en firme en momentos críticos que, generalmente, en Colombia ocurren en épocas de sequía. No son recursos públicos de ningún presupuesto ni municipal, ni regional, ni nacional. Son recursos de los generadores eléctricos. Gracias a este cargo, el país ha sorteado periodos de sequía severos sin racionamientos.
Gracias al cargo, inversionistas extranjeros y locales, privados y públicos han invertido más de 6.000 billones de dólares en la expansión del sistema de generación en proyectos como Amoyá, Termotasajero 2, Gecelca 3, Termonorte, Quimbo, Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, entre otros. Gracias a este cargo, no se volvieron a realizar proyectos de generación por presiones políticas, sino a través de subastas transparentes.
A raíz del atraso de Hidroituango, se anunció una nueva subasta de expansión del sistema para nuevas plantas. El éxito de esta depende de la credibilidad que tiene este cargo para remunerar las nuevas inversiones.
Se requieren casi 900 MW de capacidad instalada para finales del 2022. Vulnerar el cargo es la mejor manera de que estas inversiones no se hagan, que las plantas existentes no puedan pagar sus costos de mantenimiento y las nuevas, que han entrado en los últimos años, no puedan cumplir los compromisos de deuda adquiridos. Sería la quiebra del sector de generación eléctrica y la mayor catástrofe financiera en la infraestructura de Colombia.
Ningún banco del mundo o inversionista volvería a creer en la seriedad de las reglas del país. No sería un apagón derivado de la física, es decir, por una sequía, o un daño en las plantas generadoras, sería un apagón por metafísica, por estupidez.
Electricaribe está en crisis y esto requiere de gestión, confianza e inversión. No se resuelve quitando los recursos privados de un sector para entregarlos a otro,arriesgando el suministro de energía de todo el país. Simplemente, necesita de más recursos y una gestión profesional.
El nuevo marco regulatorio para la distribución eléctrica, permite alzas en las tarifas si se realizan las inversiones en las redes y si se invierte en pérdidas. Esto no es solo para la costa, sino para todo el país. Donde mayor rezago de inversión exista, pues más recursos se requieren. La costa Caribe tiene los cargos de distribución más bajos de Colombia y de los peores índices de recaudo. Por más maromas y delicadezas políticas que se quieran dibujar, sin mayores cargos no se resuelve el problema.
Esto debe hacerse, y el gobierno debe garantizar los subsidios necesarios para que la población de menores ingresos no se vea afectada. El resto de usuarios de electricidad podrán tener alzas siempre y cuando se hagan las inversiones por parte de los operadores. Todo bajo las expresiones regulatorias y sin el desquicio del Congreso.
No se puede arreglar un problema grave generando uno peor. De ser así, apague y vámonos.
Manuel Maiguashca
Exviceministro de Minas y Energía