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Megaextracción de cobre

La Corte Constitucional ha exhortado en sentencias al Gobierno y al Congreso para que legislen sobre los instrumentos de concurrencia y coordinación.

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febrero 23 de 2020
2020-02-23 06:30 p.m.
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En el Hay Festival Jericó 2020, Proantioquia y el Parque Explora invitaron al economista e investigador Luis Jorge Garay a una presentación técnica y académica sobre el megaproyecto minero Quebradona, en el suroeste antioqueño.

En su conferencia, Garay cuestiona al Gobierno Nacional sobre su preparación jurídica, institucional, socioecológica y tecnológica para evaluar este primer proyecto de explotación de cobre a gran escala en el país. Sus preguntas son de enorme relevancia, considerando que el 23 de enero de este año la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) admitió la solicitud de una empresa multinacional por el derecho a la explotación de este proyecto. Este derecho incluye, además, una indemnización de la Nación en caso de eventuales objeciones jurídicas o sociales al proyecto.

Garay hace un llamado a que, antes de tomar esta decisión, el Gobierno Nacional realice una rigurosa planeación estratégica, ecológica y económica sobre el modelo extractivista del cobre a gran escala. Pues, a diferencia de Chile, donde la explotación del cobre es controlada por el Estado, la extracción que se propone en Jericó - Tamésis pretende exportar el material sin su procesamiento.

Esto le impide al país retener el cobre necesario para sus necesidades internas y autoriza que este recurso no renovable salga del país sin compensar el enorme sacrificio socioecológico del territorio. Garay explica que el valor de la extracción no se reflejaría en regalías, pues la mayor utilidad se deriva de la venta del mineral ya procesado en el exterior. Este valor se queda en poder de la multinacional que hace la extracción y del país que recibe los impuestos de su comercialización.

Alerta sobre el efecto sistémico del proyecto Quebradona, considerando que esta explotación desencadenaría una extracción en cascada en la región, debido a que grandes proporciones del subsuelo de los municipios de este territorio poseen títulos mineros otorgados por las autoridades. Esto exige tomar una decisión que evalúe el impacto sobre toda la región y no solo sobre un proyecto en particular.

Además, la Constitución de 1991 otorga a la Nación la propiedad y uso del subsuelo y a los territorios y la comunidad los del suelo, por lo cual surgen conflictos permanentes. Para evitar que las decisiones nacionales desconozcan los impactos a nivel local, la Corte Constitucional ha exhortado en sucesivas sentencias al Gobierno Nacional y al Congreso para que legislen sobre los instrumentos de concurrencia y coordinación entre la Nación y los territorios. Por esta razón, Garay cuestiona la legitimidad de las decisiones de la ANLA sobre proyectos a gran escala, sin atender el llamado de la Corte.

En Proantioquia nos sentimos responsables de contribuir a la toma de decisiones de impacto social, ecosistémicos y ambientales y de exigir que estas consideren el bienestar presente y el de las nuevas generaciones. Estas reflexiones no se refieren solo a este proyecto, sino que constituyen un llamado al Estado para avanzar en la construcción de nuevos modelos ecosostenibles de generación de riqueza que el país exige para su desarrollo con equidad.

Azucena Restrepo Herrera
Presidenta ejecutiva de Proantioquia


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