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Las finanzas de la educación superior

En el 2017 la política pública que quizá generó más polémica fue el programa Ser Pilo Paga.

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enero 09 de 2018
2018-01-09 08:29 p.m.
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En el 2017 la política pública que quizá generó más polémica fue el programa Ser Pilo Paga. Lo polarizado del debate, en el cual se defienden posiciones de seguir el programa tal como está o acabarlo para redirigir esos recursos a instituciones públicas, ha impedido evaluar con objetividad su pertinencia. Por una parte, el argumento de que impacta a las finanzas del sistema público de educación superior está parcialmente en lo correcto. Mediante este mecanismo, el Estado ha dirigido el 86% del presupuesto del programa a universidades privadas de alta calidad.

Es de esperar que, al poner a competir en las mismas condiciones instituciones públicas y privadas y dejar que la decisión recaiga sobre los estudiantes, estos opten por la oferta privada, ya sea por el diferencial del costo observado de ambas opciones, la promesa de movilidad social implícita en la educación privada, o el esfuerzo y gasto en promoción y marketing.

Así, el Estado ha financiado íntegramente los cupos a precios de mercado y sin ningún descuento o cofinanciación, y esta concentración del dinero público en instituciones privadas ha implicado más desigualdad en un sistema ya inequitativo, en el que pocos son los recursos que llegan a la oferta regional. Esto no generaría problema si el programa se financiara con recursos adicionales a los subsidios de oferta, pero esto solo fue posible en la primera cohorte, siendo luego financiado por recursos Cree, diseñados en principio para fortalecer la inversión de las instituciones públicas.

Sin embargo, los críticos del programa ignoran sus efectos positivos. Primero, Ser Pilo Paga puede considerarse una estrategia social por la cual el Estado selecciona sus mejores talentos para formación de calidad; y el alto potencial de sus beneficiarios garantiza que este gasto sea la inversión social de más alto retorno entre las alternativas existentes. Segundo, el programa ha sido un motivador para los bachilleres, sembrando la idea de que el mérito es premiado, y mejorando el resultado de Saber Pro en los puntajes más altos. Por último, el intercambio cultural ha enriquecido el ambiente y la formación en las universidades privadas.

Con estos argumentos es posible plantear algunas alternativas para mejorar el programa: a) no puede competir por financiación con recursos para instituciones públicas, por lo que la única forma es garantizarle una partida extraordinaria del presupuesto; b) la carga financiera del crédito la deben asumir las instituciones no los estudiantes, y ser estas las que respondan en casos de deserción; c) las becas deben ser un esfuerzo conjunto entre universidad y Estado, por lo que las instituciones privadas interesadas en recibir pilos deberían comprometerse a reducir el valor de su matrícula en 30%, y d) el corte del Saber *11 se podría definir de forma departamental, para evitar que reproduzca desigualdades regionales.

El debate ha sido mal enfocado, al priorizar ya sea programa o la financiación de la universidad pública, y el gran problema es la escasez de recursos para educación superior, en general. Hay que reflexionar si es hora de dirigir más recursos al sistema de educación superior, y rediseñar estructuralmente su esquema de financiamiento.

David Forero
Investigador de Fedesarrollo

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