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Una respuesta correcta a la crisis

El anuncio por parte de Colombia de otorgar un permiso de residencia a venezolanos en el país supone un paso en la dirección correcta.

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agosto 02 de 2018
2018-08-02 09:24 p.m.
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El anuncio por parte de Colombia de otorgar un permiso de residencia a 442.000 venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país supone un paso en la dirección correcta, por tres motivos principales. En primer lugar, va en la línea con lo que Colombia ha defendido para sus nacionales en situación indocumentada en el exterior.

No hay que olvidar que solo en el caso de España, se regularizaron más de cien mil colombianos entre el 2000 y el 2005. Los colombianos también se han beneficiado de regularizaciones extraordinarias en países como Argentina, Suiza, Francia, Italia o Chile, por menciona algunos ejemplos.

Segundo, la medida va en la línea del respaldo que Colombia viene haciendo, desde al menos el 2008, a las regularizaciones como herramientas centrales en la gobernanza de las migraciones. Nuestro país ha abogado por dicho principio en las recientes negociaciones para un Pacto Global para las Migraciones de Naciones Unidas. Colombia también ha firmado numerosas declaraciones en dicha dirección tanto a nivel de la Comunidad Andina, Conferencia Suramericana de Migraciones o la ahora denostada Unasur. En el 2008, los países miembros de esta última, entre ellos Colombia, expresaron su rechazo a la aprobación por parte de la Unión Europea de la Directiva de Retorno, y exigieron a Europa “garantizar que las personas que están haciendo una contribución económica, social y cultural en otro país tengan un tratamiento digno y acceso a los elementos mínimos que les den seguridad y tranquilidad a si mismos y a sus familias”.

Tercero, Colombia prosigue con este paso la línea de inclusión de los ciudadanos venezolanos que ya ha sido adoptada por otros países en Suramérica. Así, los venezolanos pueden obtener directamente una residencia permanente en Uruguay desde el 2014 y una temporal desde hace años en Argentina. Ecuador, Perú, Brasil y Chile también cuentan con instrumentos jurídicos que permiten a los venezolanos residir en dichos países. Con este paso, Colombia se suma a la construcción regional de un espacio común suramericano.

Si bien el otorgamiento de permisos de residencia supone una excelente noticia, esta medida no resolverá por sí sola los diversos desafíos que se darán en los próximos meses y años. Colombia, un país que con sus más de 4,5 millones de nacionales en el exterior ha sido en los últimos 50 años netamente de emigración, enfrenta por primera vez la necesidad de gestionar la llegada de un importante número de no nacionales de un país vecino, en el cual, en su momento, residieron miles de colombianos.

Más allá de facilitar el acceso a elementos básicos como salud, educación y trabajo, Colombia necesita ahora iniciar un debate sobre el fortalecimiento de las instituciones, tanto nacionales como locales, con competencias migratorias, la asignación de recursos para afrontar una situación excepcional para el país y el diseño de una política pública de migraciones y movilidad. Esperemos que dicha política pueda ser discutida en un clima de tranquilidad y con la visión de ofrecer respuestas adecuadas a las características sociales, políticas y económicas del país y no una mala copia de una serie de decisiones nefastas de Estados Unidos o la Unión Europea, que tanto han sido criticadas.

Diego Acosta
Profesor de Derecho de Migraciones, Universidad de Bristol

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