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Electricaribe: la historia de un fracaso social

Existen factores que han hecho que Electricaribe tenga más pérdidas que ganancias.

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marzo 05 de 2019
2019-03-05 08:44 p.m.
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La historia de Electricaribe se remonta a 1998, cuando las ocho electrificadoras regionales en los siete departamentos de la costa Caribe terminan bajo la sombrilla de una compañía más grande llamada Electricaribe. Por aquel entonces, las electrificadoras incumplían sus contratos en compra de energía y operaban con pérdidas. El fenómeno ‘El Niño’ de 1997 agravó su situación financiera y la hizo insostenible. La solución fue la privatización, que implicaba la creación de Electricaribe y Electrocosta, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de energía eléctrica. En el 2007 se unen, quedando solo Electricaribe. En el 2005, Gas Natural compra a Unión Fenosa, lo que da surgimiento a Gas Natural-Fenosa (GNF), hoy Naturgy. 

Por aquella época, los directivos de Gas Natural no imaginaban la pesadilla que se avecinaba al adquirir a Fenosa, pues es por esa vía que terminan siendo dueños de Electricaribe.

Existen factores técnicos, climáticos, políticos, institucionales, idiosincráticos, económicos y regulatorios, lastimosamente no puede descartarse la corrupción y equivocadas decisiones empresariales, que han hecho que Electricaribe tenga más pérdidas que ganancias, y se caracterice por carecer de una adecuada prestación de servicio de distribución de energía, el objeto social con el que fue creada en 1998.

El factor político ha sido importante. Los dirigentes de la Costa Atlántica empujaron deliberadamente a la ciudadanía a protestas que gestaron bloqueos viales y ataques a la sede de la compañía. En el 2016, los dirigentes del Partido Conservador convocaron un plantón contra de Electricaribe para exigir por parte del Gobierno medidas de fondo contra la empresa. El entonces presidente del Partido Conservador, David Barguil, manifestó que saldría a las calles junto con líderes y ciudadanos a protestar contra Electricaribe. Todo esto generó un animadversión permanente de la población hacía la compañía, que a la larga empujaría a la Superintendencia de Servicios Públicos a una intervención con fines de liquidación de la empresa, lo que desencadenó la demanda por 1.626 millones de dólares de Naturgy contra la Nación ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

Un factor decisivo es que las redes y subestaciones de las antiguas electrificadoras fueron presuntamente construidas, en algunos tramos, con sobrecostos y materiales de dudosa calidad. Problema que hereda Electricaribe. Además, la red continúa siendo radial, es decir que se alimenta desde uno solo de sus extremos, esto tiene el delicado problema de que ante un fallo de un transformador toda la red, se queda sin energía.

Para completar, tampoco se hicieron las inversiones para construir las subestaciones del Sistema de Transmisión Regional (STR), lo que resulta en que los usuarios de Electricaribe pagan valores más costosos a los transportadores regionales. Todo esto implica que se debe poner a cobro una mayor tarifa que remunere las obras que terceros ejecuten a un mayor costo. Si se tiene en cuenta que el recaudo de Electricaribe es del orden del 80 por ciento, la empresa asumirá con su caja parte de los pagos a los transportadores regionales que construyan subestaciones dentro de su mercado de comercialización.

Los problemas de red se agravan debido a la longitud entre sus circuitos, lo que aumenta la probabilidad de fallo e interrupción del suministro, así como las millonarias pérdidas no técnicas –robos constantes de energía característicos en la costa Caribe a todo nivel, en todos los sectores y s estratos socioeconómicos–. Esta costumbre hecha cultura ha sido otra de las razones que ha golpeado con fuerza la salud financiera de la empresa.

En adición a los problemas de la red, la capacidad de prestación del servicio de Electricaribe se ve desbordada por una creciente demanda influenciada por tres factores. Primero, el incremento del consumo, debido al clima caluroso la mayor parte del año. Segundo, la costa Caribe tiene, en promedio, más personas por hogar (3,4) que el promedio nacional (2,9), según cifras del Censo (2018) y consumen, por lo tanto, más energía. Tercero, debido a la pobreza, los hogares tienen electrodomésticos más obsoletos, lo que requiere mayor consumo de energía para su funcionamiento.

Las cifras sobre la precariedad de los hogares en la región que atiende Electricaribe, se refleja en que la compañía se lleva aproximadamente el 40 por ciento de los giros del Fondo de Solidaridad para cubrir el déficit trimestral de subsidios. Cuando estos giros no son oportunos se corre el riesgo de limitar el suministro de energía. Electricaribe también recibe cerca del 80 por ciento del Fondo de Energía Social, cuyo objetivo es cubrir (subsidiar) hasta 46 pesos del valor del kilovatio hora de la energía eléctrica, que sirve para disminuir el costo de prestación del servicio en barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, donde está gran parte de los hogares que atiende la empresa.

El problema de Electricaribe está en su origen mismo, en el contexto adverso en que nació y se desarrolló, no solo en los aspectos financieros, que parece el menor de los problemas. La solución a su crisis pasa por cambiar puntos críticos que parecen inamovibles, como la débil institucionalidad en la región, la idiosincrasia de sus gentes –usuarios proclives a creer que solo tienen derechos, pero no deberes–, el robo continuado de energía hecho cultura, la politización del problema de prestación del servicio de energía en la costa Caribe que introdujo una incertidumbre, permeó la estabilidad jurídica y sentó un precedente nefasto. Sin mencionar que una gran parte de la población que atiende la compañía es de bajos recursos e influenciable por los dirigentes y líderes de la región. Entonces, ¿quién querría entrar al negocio de invertir o comprar Electricaribe?

Electricaribe no solo es el fracaso de unos empresarios que buscaban beneficios prestando un servicio de utilidad pública. Es también el fracaso de una sociedad con una moral autocomplaciente que acepta a conveniencia la corrupción en todas sus formas y es, claro está, el fracaso de una clase política indolente y oportunista, que en contubernio con los gobernantes de turno dejaron envejecer un problema que pudo resolverse años atrás con una política pública transparente, de cara a la sociedad y las instituciones.

Jorge Barrientos Marín
Ph. D. / Director de Economía, Universidad de Antioquia.

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