Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía presentó para consulta de la industria un proyecto de decreto con el cual se busca incentivar la entrada de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz de generación energética colombiana. Es importante aclarar que la mayoría de los agentes de mercado, como los usuarios y empresas generadoras están de acuerdo en que las FNCER entren a participar en el mercado colombiano. Tal es así, que incluso hoy gran parte de los generadores están estructurando, desarrollando u operando proyectos de energía solar, eólica o con biomasa, con las reglas vigentes del mercado.
El problema del decreto radica en el mecanismo mediante el cual estas tecnologías entrarían a participar de forma más activa. La propuesta del Ministerio debe ser recibida con beneficio de inventario, ya que en ella se recoge algo de la argumentación regulatoria que presentó la Creg hace un año para la incorporación de renovables al sistema. En esta ocasión, también, se plantea la creación de un mecanismo que estaría fuera del funcionamiento normal y vigente del mercado eléctrico colombiano, el cual incluye una subasta exclusiva para las FNCER, la creación de un producto de cantidades y plazo para compra de los usuarios, entre otros.
Han pasado más de cuatro años desde que Andeg le presentó al Gobierno una propuesta de reforma estructural del funcionamiento del mercado eléctrico, ya que el actual es poco flexible, sus reglas tienen más de 20 años de funcionamiento y es necesaria su revisión y ajuste para lograr mejor eficiencia económica. Precisamente, el tema de flexibilidad es un punto esencial para que las renovables puedan participar en el mercado colombiano, puesto que son tecnologías intermitentes cuyo pronóstico de disponibilidad no es fácil de determinar en plazos amplios de tiempo y que, bajo el esquema actual, requeriría el compromiso de las plantas con 16 horas de anticipación. Además, una mayor flexibilidad del mercado permitiría optimizar la operación y gestión de riesgos operativos y financieros de los participantes, reduciendo el costo de operación y así los valores de algunas variables en las facturas de los usuarios.
El problema del mecanismo de subasta de compra de energía renovable es que puede quedar por fuera del esquema de funcionamiento del mercado nacional, con unas reglas exclusivas que pueden disminuir su riesgo de participación, pero al no competir con otras fuentes –lo cual es ilógico–, podría resultar en precios que no revelarían una competencia real. Esto no se entiende cuando nos han vendido la idea de que estas tecnologías son más competitivas que las convencionales.
Es decir, la exclusividad en las tecnologías participantes en una posible subasta en la cual no participen todas las tecnologías que puedan vender energía, limitaría los beneficios reales a los usuarios.
Otros mercados han sufrido problemas profundos en la tarifa que pagan los usuarios cuando por política pública se establece la entrada de renovables por mecanismos paralelos al funcionamiento del mercado. Así lo entendió, en su momento, el gobierno cuando propuso al Congreso de la República los ajustes que terminaron en la expedición de la Ley 1715, que promovía beneficios a la inversión y no a que se tomaran medidas paralelas al funcionamiento del mercado.
Alemania y España han desmontado estos mecanismos paralelos, porque para el usuario resultó en mayores tarifas, así los precios de los mercados de generación fueran artificialmente bajos. En el caso de Alemania, el precio de la energía en la bolsa disminuyó en 13 por ciento entre el 2011 y el 2016, mientras que las tarifas a usuarios finales incrementaron 17 por ciento, en términos reales. Es decir, se creó un subsidio que la demanda pagaba a los generadores por mantener tecnologías renovables.
Adicionalmente, una justificación que esgrime la propuesta de decreto es que se debe implementar para lograr cumplir con las metas ambientales del COP21. Hay que mencionar que hoy el sector de generación, con la composición actual del mercado, cumpliría en el 2030 con el compromiso adquirido de reducir en 20 por ciento las emisiones.
Finalmente, uno de los elementos con los que se pretende justificar el decreto es romper con el oligopolio existente en el mercado de generación, pues el mecanismo le permitiría a nuevas empresas, con menos riesgo, ingresar el mercado. Empero, esto queda entredicho, cuando se revisa quién ha aportado el mayor monto de garantías para la recientemente adjudicada línea de transmisión de renovables en La Guajira.
Creemos firmemente en la diversificación de la matriz energética y que, de alguna manera, se gane en complementariedad de la misma con la entrada de energías renovables, pero como el diablo está en los detalles, se debe buscar un mecanismo dentro del mercado eléctrico para que sea cada vez más flexible y permita su entrada de manera que no produzcamos distorsiones que lleven a que se terminen teniendo costos ocultos que los usuarios terminarán pagando vía mayores tarifas.
Alejandro Castañeda Cuervo
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
