El cambio climático ha impuesto la imperiosa necesidad de tomar acciones concretas hacia una descarbonización de la matriz energética y el tránsito a una economía de más bajo carbono. Así se discute en la reunión del COP24 en Katowice (Polonia), donde ha quedado claro que el mundo debe profundizar en avances tecnológicos y definición de políticas públicas que desestimulen el uso de combustibles contaminantes.
El gran reto es cómo migramos del uso de los combustibles fósiles, que hoy representan aproximadamente 80 por ciento de la matriz energética mundial, a fuentes de energía renovables y menos contaminantes sin afectar la competitividad, el crecimiento económico y la disminución de la pobreza energética.
De allí que muchos países han enfocado sus políticas ambientales y energéticas en el incentivo a energías más limpias y en el ‘castigo’ al uso de recursos perjudiciales, respondiendo a los compromisos que se asumieron en el marco del Acuerdo de París y al reto que tienen las ciudades de mejorar la calidad del aire.
Así, en el 2016 Colombia creó el impuesto nacional al carbono, que consistía en el pago de una tarifa de acuerdo con las toneladas de carbono que se liberan a la atmósfera, de tal forma que los combustibles más contaminantes contribuirían más a proyectos de protección para las fuentes hídricas, los ecosistemas y la biodiversidad. Ese era el espíritu inicial. Pero, algo faltó: los combustibles gravados en la Ley 1819 de 2016 fueron el fuel oil, acpm, jet fuel, gasolina, GLP y el gas natural (para la refinación de hidrocarburos y la petroquímica), dejando por fuera al carbón, el más contaminante.
Además de mostrar una estructural falta de consistencia en nuestra política pública y generar algunas burlas en más de una audiencia internacional, esta omisión tiene el grave efecto que en lugar de reducir las emisiones de CO2 las aumenta.
Pero el problema no solo son los gases de efecto invernadero, cada año millones de personas mueren a causa de la contaminación del aire en los hogares por las partículas finas y el monóxido de carbono emitidos al quemar madera y carbón. En Colombia fueron cerca 6 mil muertes prematuras en el 2012.
Además, según el DNP, en Colombia se registraron 8 mil muertes prematuras en el 2015 y más de 67 millones de enfermedades y síntomas respiratorios, debido a la contaminación del aire en las ciudades.
Si bien es necesario incluir al carbón entre los combustibles que pagan impuestos por daño ambiental, también debe haber un debate en el mediano plazo sobre el aumento progresivo de este gravamen, que en nuestro país no solo está por debajo del nivel de otras naciones, sino que no sigue una tendencia creciente que sí se ve mundialmente, donde alcanzan cobros superiores a los 20 dólares, mientras el nuestro es de cinco dólares.
Claro está, se requiere tener en cuenta las necesidades económicas y sociales del país, pues como se ha visto en Francia con los ‘chalecos amarillos’, hay decisiones que deben ser tomadas gradualmente para no afectar a la población y la competitividad económica del país.
La lógica nos dice que el carbón debe pagar impuesto al carbono por la gran cantidad de emisiones contaminantes que provoca. De esta manera, haciendo pagar más al que más contamina, incentivaremos al mercado al uso de tecnologías más limpias y eficientes, y las diferentes industrias podremos seguir ayudando al desarrollo medioambiental del país y mejorar la calidad del aire que respiramos.
Orlando Cabrales Segovia
Presidente de Naturgas
@cabralessegovia