La agenda para la construcción de las hojas de ruta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) avanza. El diseño del trazador presupuestal para la paz avanza. La agenda de la Agencia para la Reincorporación y de la Agencia de Renovación del Territorio avanza. El trabajo con los candidatos a las alcaldías municipales para que incorporen los temas de los Acuerdos de Paz en sus planes de gobierno avanza.
El Plan de Desarrollo definió metas específicas para los municipios PDET en reducción de la pobreza, déficit y calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos, inventario de red vial, riego y drenaje, conexión a Internet, actualización catastral, extensionismo agropecuario.
A pesar de todo lo anterior, la percepción es que el Gobierno no hace nada, y, por el contrario, se opone abiertamente al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Este gobierno tiene una enorme dificultad para comunicar lo que hace. En la agenda de paz el Gobierno ha contribuido directamente a la confusión cuando, por ejemplo, prefiere decir que las acciones para la ‘estabilización’ (término usado para no identificarse con el posconflicto de Santos) se van a extender “por todo el país”, para no enfatizar la necesidad de focalizar y priorizar los 170 municipios PDET. ¿Es posible pensar en una priorización que cubra ‘todo el país’? Más aún, cuando hemos visto que el deterioro de las condiciones de seguridad, el avance de las economías ilegales y las bandas criminales que se alimentan de ellas, se concentran en algunos de esos municipios PDET. Esto por lo menos, llama a una acción concertada, coordinada y focalizada en los territorios donde estos fenómenos tienen lugar.
De hecho, el Gobierno así lo reconoce y está actuando en consecuencia: por eso se han comenzado a implementar las ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’, sin que esto niegue la importancia de implementar los PDET. Más bien, como condición previa para reestablecer el control territorial en algunas de esas regiones. También hace, pero no se nombra, en el caso de las agendas que incluye el Plan de Desarrollo para favorecer a la población rural y a la agricultura familiar y que caben, en lenguaje claro, dentro de la Reforma Rural Integral, el primer punto de los acuerdos en La Habana, a la cual, sin embargo, solo se hace referencia en notas de pie de página en el texto de las bases del Plan.
De esta manera, haciendo, pero no diciendo que está haciendo, el Gobierno se queda con el pecado y sin el género. Con las críticas de la comunidad internacional y sin el reconocimiento de su compromiso con la agenda de construcción de paz, así haya énfasis que lo diferencian de la anterior administración como la idea, correcta en mi opinión, de que para el logro de la paz se requiere la construcción de una cultura de la legalidad y del acceso efectivo a la seguridad y la justicia. Se enreda en la semántica del lenguaje por no llamar a las cosas como son.
Juan Mauricio Ramírez
Investigador Asociado de Fedesarrollo