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Escándalos sobre uso de paraísos fiscales

El Congreso de Colombia aprobó la Ley 1739 de 2014 para tender puentes que permitieran a los ciudadanos de bien regularizar su situación frente al fisco.

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diciembre 13 de 2017
2017-12-13 08:16 p.m.
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Tal como ocurrió con el 11 de septiembre, el mundo no volverá a ser el mismo a partir del escándalo de los ‘Papeles de Panamá’, acentuado ahora por el de los ‘Paradise Papers’. Y me refiero al mundo empresarial, de la planeación patrimonial familiar, de la asesoría legal, la asesoría tributaria y financiera.

Sin embargo, estos escándalos están asociados a un problema muy complejo, con muchas aristas, que no se puede generalizar para ‘satanizarlo’ o ‘trivializarlo’. Es que en nuestro país pasamos de la impunidad a la ‘cacería de brujas’ con una pasmosa facilidad.
Por ello, es importante aportar algunos elementos de juicio para distinguir lo que está bien de lo que está mal, de manera que se investigue y castigue a los infractores de la ley, sin poner en la ‘picota pública’ a todos y a todo. Es que si todo está mal, nada está mal y si todo está bien, nada está bien. Véamos.

Tengo el convencimiento de que muchos de los que tuvieron vínculos con firmas como Mossack Fonseca (MF) o con firmas como Appleby y Asiatici Trust lo hicieron de buena fe y sin un fin cuestionable. Esas firmas se movían en los círculos legales y empresariales más altos y prestigiosos.

Crear estructuras holding, o sociedades off-shore, o fundaciones de interés privado (FIP), al amparo de un marco regulatorio vigente por muchos años y en múltiples jurisdicciones, no es reprochable per se. Las razones o motivos subyacentes pueden ser variados: (i) seguridad y reserva; (ii) protocolos de familia; (iii) eficiencias tributarias o corrección de distorsiones de tributación internacional que subsisten. Por lo tanto, la maldad o bondad no está en el instrumento utilizado, sino en el fin perseguido, pues en algunos casos estas estructuras también se habrían utilizado para fines ilícitos. Y eso está muy mal.

Por otra parte, muchos colombianos recurrieron a las sociedades off-shore y las fundaciones de interés privado sin declarar, como debían, los activos subyacentes poseídos en el exterior; y eso está mal. Por ello, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1739 de 2014 para tender puentes que permitieran a los ciudadanos de bien regularizar su situación frente al fisco. Y dicha ley, como no había sucedido con las similares que le antecedieron, fue avalada por la Corte Constitucional en el juicio de constitucionalidad, pues consideró que esta no era una amnistía reprochable más, sino una verdadera formula de justicia transicional.

Por lo anterior, el Ministro de Hacienda y el Director de la Dian hicieron llamados reiterados para que los contribuyentes incumplidos (no los delincuentes) hicieran uso de la ley y normalizaran sus patrimonios para vincularlos al torrente formal de la economía, como en efecto ocurrió en unos montos muy importantes. Y eso está bien.

En todo caso, estos escándalos son una señal de alarma para todos sobre las posibles repercusiones de los regímenes de reserva bancaria y secreto profesional, que finalmente se prestan para los propósitos más variados, por lo que deben ser revisados, como en efecto está ocurriendo. Por ello, el mundo no volverá a ser el mismo. Y eso está muy bien.

Juan Pablo Godoy F.
Socio Director de Godoy & Hoyos Abogados

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