La transformación de la economía colombiana en los últimos años ha sido extraordinaria. Las políticas de apertura han contribuido a la atracción de inversión extranjera, la cual ha generado empleo y aumentado los ingresos de la población. Sin embargo, eventos recientes en el sector de la salud representan una verdadera amenaza a esta historia incipiente de progreso económico.
A partir de la década pasada, Colombia ha implementado políticas exitosas que han abierto su economía, incluyendo la firma de acuerdos comerciales con EE. UU., la UE y Canadá, la privatización de algunas empresas estatales y reformas al sector público. Quizás más importante aún ha sido el creciente respeto por el Estado de Derecho y los derechos de propiedad, lo que ha contribuido a aumentar la confianza de los inversionistas. El país destaca en la región por este enfoque: entre el 2004 y el 2014, la tasa de crecimiento económico fue de 4,8% anual, dejando rezagados a la mayoría de sus vecinos suramericanos.
Por eso resulta sorprendente que el Ministerio de Salud advirtiera en mayo con otorgar una licencia obligatoria para las patentes que cubren al medicamento para el cáncer Imatinib, propiedad de la compañía suiza Novartis. El mensaje fue claro: bajen los precios o enfrenten la confiscación de sus derechos de propiedad.
Este tipo de amenazas no concuerdan con la estrategia del gobierno, que entiende que la innovación es la clave para un crecimiento económico sostenible. Con el fin de promover la inversión de compañías innovadoras, locales y extranjeras, el gobierno ha implementado estrategias de inversión en empresas incipientes, así como una variedad de incentivos fiscales para I&D, con el fin de estimular al sector científico del país. El objetivo es que para el 2025 Colombia se convierta en uno de los tres países más innovadores de América Latina en ciencia y tecnología.
Difícil conciliar esta meta con la amenaza de licencia obligatoria para Imatinib. Por ahora, no es claro si se emitirá la licencia o si el Ministerio llevará a cabo sus planes de bajar obligatoriamente los precios del tratamiento. Ya que a la patente le quedan dos años más antes de que las versiones genéricas más baratas puedan entrar al mercado, resulta extraña la decisión del ministro Alejandro Gaviria, si su objetivo es reducir la cuenta del Estado en medicamentos.
Solo la insinuación de abrogar derechos de propiedad y fijar precios, ya atenta contra de la estrategia proinversión del gobierno. Los inversionistas extranjeros, especialmente los de industrias intensivas en el conocimiento como las tecnologías verdes, los químicos y la informática estarán preocupados de que en algún momento los afecten medidas similares de control de precios o derogación de patentes. Y, empresas innovadoras nacionales, incluyendo prometedoras compañías incipientes que están proliferando en Bogotá y Medellín, se sentirán cada vez más preocupadas por el futuro en el que la propiedad intelectual sobre la cual están construidos sus negocios puede ser abrogada.
La innovación es la clave del crecimiento económico. Pero esta no ocurrirá en Colombia al menos que se mantenga abierta al conocimiento, la experiencia, la tecnología y el capital que acompañan a la inversión extranjera. “Es bueno ver que el gobierno está dispuesto a respaldar la innovación y reconoce que el emprendimiento es el motor de una economía exitosa, pero todo el mundo, incluyendo el gobierno, reconoce que en el largo plazo el financiamiento público no puede reemplazar a las iniciativas privadas”, dijo Michael Puscar, dijo el inversionista en Medellín.
La inversión privada es fundamental para el futuro económico de Colombia. Pero las señales mixtas que está enviando el gobierno alarman a los inversionistas, quienes necesitan seguridad jurídica. El gobierno debería reconsiderar su posición en el tema y enviar un mensaje claro de que Colombia sigue abierta para negocios.
Philip Stevens
Director de la Geneva Network, Reino Unido.
