La destitución del alcalde Gustavo Petro ha generado reacciones de apoyo y rechazo. Algunos celebran la decisión del procurador y ven en ella una oportunidad de corregir el rumbo de la ciudad. Otros ven la decisión como un acto antidemocrático. A pesar de que las posiciones coinciden en que Petro ha errado en su actuar, consideran antidemocrático e inconveniente que una entidad disciplinaria destituya al alcalde elegido cambiando así la voluntad de los electores.
Pero si la decisión es antidemocrática, ¿por qué pareciera ser popular la destitución del alcalde en amplios sectores capitalinos?, ¿por qué fue tan popular la destitución del exalcalde Samuel Moreno?, ¿por qué una decisión que ‘cambia la voluntad de los electores’ pareciera encontrar respaldo entre los mismos electores? La respuesta es que una destitución del alcalde Petro, así como lo fue la del exalcalde Moreno, no iría en contra sino a favor de la voluntad de una buena parte del electorado bogotano. Gustavo Petro obtuvo 32,16 por ciento de votos y es así el alcalde de Bogotá elegido con el menor porcentaje de votos válidos desde que el alcalde de la ciudad es elegido popularmente. Alrededor del 70 por ciento de los electores capitalinos no votaron por el candidato ganador. En otras palabras, más del doble de las personas que votaron por el alcalde prefirieron una opción diferente.
Las reglas de juego electorales en Colombia permiten que los alcaldes sean elegidos con un bajo porcentaje de votos y, por ende, con poca legitimidad. Esto no es exclusivo de la administración actual. Las últimas seis administraciones distritales de Bogotá, de nueve en total elegidas popularmente, han visto surgir movimientos que buscan la revocatoria del alcalde. De los 9 alcaldes elegidos popularmente en Bogotá, solo 3 han sido elegidos con más de la mitad de los votos válidos. Esto quiere decir que en seis administraciones distritales, más electores han votado por otras opciones que por quién finalmente es elegido. La falta de una segunda vuelta y la históricamente baja participación electoral hacen que, sin querer queriendo, una destitución de un alcalde elegido con pocos votos ‘equilibre’ el proceso electoral siguiendo la voluntad de la mayoría, lo que resulta políticamente favorable para quien decide la destitución.
El que peca y reza no empata. Que las reglas electorales en Colombia no garanticen la legitimidad del elegido no justifica que un ente disciplinario cambie el resultado del proceso electoral. Sin embargo, sí explica por qué una destitución pareciera encontrar apoyo entre los electores. Nos encontramos ante un escenario en el que la elección del alcalde no goza de la legitimidad que se supone, y en el que el problema es más de fondo.
El inconveniente tiene que ver con las reglas electorales que crean un vacío de legitimidad que puede ser usado para fines políticos. La institución de una segunda vuelta para la elección de alcaldes ayudaría a reducir el problema. El alcalde no tendría una mayoría de electores que no votó por él, la popularidad de una destitución disminuiría y con ella su potencial político. En ese sentido, un cambio en las reglas electorales, por ejemplo, introduciendo una segunda vuelta, le daría más legitimidad al proceso electoral y le más credibilidad a las instituciones democráticas en Colombia.
Pablo Duarte
Instituto de Política Económica
Universidad de Leipzig, Alemania