Buscando cumplir con la Regla Fiscal y en medio de dificultades en ingresos por la caída en el precio internacional del petróleo y la desaceleración de la economía, el Gobierno Nacional logró, en plenarias de Cámara y Senado, la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2016 por un monto global de $215.9 billones. Preocupa encontrar que este monto supera al de este año en apenas 2,5 por ciento, y que el 59,1 por ciento corresponde a gastos de funcionamiento, 22,6 por ciento a servicio de la deuda, y solo 20,8 por ciento a inversión.
El campo colombiano recibió esta noticia con mayor preocupación, pues a pesar del potencial de atracción de inversión y la oportunidad de generación de empleo en la actividad agropecuaria –la cual aporta alrededor del 60 por ciento de los empleos en zonas rurales–, las entidades públicas y programas responsables sufrieron una importante reducción en su presupuesto.
Sin contar recursos del sector, situados en el Ministerio de Hacienda ($146 millardos), la apropiación para estas entidades será de $2,6 billones, 37,5 por ciento por debajo del monto aprobado para el 2015. Gravemente, la inversión cae en 42 por ciento ($1,6 billones), a pesar de las adiciones aprobadas por el Congreso ($750.000 millones, en primer debate).
Entre las inversiones más afectadas del sector están los programas de vivienda, desarrollo territorial, incentivo a la capitalización rural (apoyos) y comercialización de productos agropecuarios –de los cuales depende significativamente la supervivencia de algunas actividades subsectoriales–, puntos en los que se ha hecho énfasis al manifestar el propósito de reducir las brechas entre lo urbano y lo rural y transformar el campo colombiano para que sea altamente competitivo, productivo y rentable.
Aun teniendo claro que la situación fiscal colombiana no es fácil, no se entiende por qué este es uno de los sectores más afectados por la estrechez fiscal, teniendo en cuenta la creciente intensidad con que el sector agropecuario recibe apoyo político y fiscal por parte de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo. Un amplio abanico de objetivos de índole estratégica explican este apoyo: seguridad alimentaria, ocupación del territorio, provisión de materias primas y exportaciones, mitigación y adaptación al cambio climático, generación de empleo, consolidación de la paz.
El presupuesto asignado al sector agropecuario colombiano para el 2016 no guarda proporción con los retos inmediatos que enfrentan los productores y sus actividades en ciencia y tecnología, asistencia técnica, control sanitario de alto nivel para poder entrar a los mercados internacionales, infraestructura productiva y desarrollo empresarial, entre otros.
La distribución de los recursos sugiere la necesidad de avanzar en desarrollo organizacional y enfoque estratégico: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 64,9 por ciento; Incoder, 17,2 por ciento; ICA, 8,1 por ciento; Unidad de Restitución de Tierras, 8,6 por ciento, y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 1,3 por ciento.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y sus afiliados, ven con preocupación la insuficiencia de este presupuesto asignado al sector, sobre todo si se tiene en cuenta que el campo es escenario histórico del conflicto armado, y, por lo tanto, su desarrollo y progreso es fundamental para el logro de la paz.
Rafael Mejía López
Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia
