Mientras que el país se centra en el debate de quién tuvo la culpa en el colapso de la torre del conjunto Space, y hasta tanto las reacciones y medidas estatales no entren en marcha, sobre todo en vigilancia y cumplimiento, decenas de proyectos edificadores siguen su ejecución en el país, sobre todo de vivienda de interés prioritario y social.
Por ahora, los responsables de las obras se amparan en el enorme vacío que enfrenta el país en materia de vigilancia y control, referente a la calidad de las edificaciones.
Tenemos, entonces, un problema de cumplimiento y aceptación de reglas de juego entre constructores, interventores, autoridades y organismos de control, y un asunto que toca la ética profesional.
La revisión de las licencias de construcción y el control que las autoridades ejercen sobre los proyectos urbanísticos son un tema de alta preocupación, porque se evidencia el déficit que padece el país en materia de seguridad y calidad de las edificaciones.
Hoy por hoy, cuando los colombianos de bajos recursos están ante la enorme expectativa de acceder a una de las 100 mil viviendas de interés prioritario que viene promoviendo el Gobierno Nacional, es necesario que el Ejecutivo mismo y el Congreso de la República sean radicales en que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Que la oportunidad de contar con una vivienda digna no se convierta en una sentencia a la integridad física de los beneficiarios.
Aunque las instituciones y el país deben anticiparse a los riesgos y no reaccionar frente a las tragedias –sino prevenirlas, porque perder una sola vida es un costo demasiado alto–, son bien recibidas las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda relacionadas con las constructoras y los curadores. Ponderamos decididamente el hecho de crear una superintendencia delegada para el sector edificador, de modo que se controle la calidad de las construcciones, y el ánimo de presentar un proyecto de ley para hacer más rigurosa la supervisión técnica, entre otras.
Pero, en todo caso, es necesario no olvidar la necesidad de hacer un balance de responsabilidades, en el cual los constructores tienen el mayor compromiso sobre el cumplimiento de las normas.
Son ellos quienes insisten en sus proyectos, los que suministran los planos y edifican.
Ahora, el papel fundamental de los interventores en las obras, encargados y responsables de la supervisión técnica bajo normas de sismorresistencia y de realizar los controles de calidad a los materiales, no está teniendo la importancia requerida, ya que ante cualquier tipo de falla que se presente en el momento de la edificación –como, al parecer, la ocurrida en la construcción de Medellín–, esta debe ser advertida inmediatamente, sin permitir el avance de la obra.
Por este camino, esperamos que las alcaldías municipales y locales no sigan de bajo perfil, como si fuera un problema exclusivo del sector privado, pues a ellas les corresponde el otorgamiento del certificado de habitabilidad o permiso de ocupación.
Es un tema de responsabilidad, sentido común y conocimiento técnico. La seguridad no es un asunto menor, es cuestión de todos.
Ante el lamentable caso de Medellín y con el fin de evitar más tragedias, el Consejo Colombiano de Seguridad está en capacidad de brindar su asesoría en la prevención de riesgos.
Renán Rojas G.
Presidente ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad
