En estos días la discusión económica se centra en las reformas estructurales que deberá ejecutar la Administración Duque.
El propio presidente electo ha hablado de la necesidad de abordar la problemática tributaria y de gasto público, los problemas de la salud, la reforma a las pensiones, lo relacionado con el desarrollo rural, la reducción de los cultivos ilícitos y la lucha contra la corrupción. Todo esto sin tomar en consideración reformas no económicas de gran importancia, como la de la rama judicial, incluyendo lo relativo a Justicia Especial para la Paz; la inevitable reforma política y la laboral, entre otras.
En cuanto a temas tributarios y del gasto público, el Marco Fiscal del 2018 (MFMP) que acaba de ser publicado por el Ministerio de Hacienda presenta algunas proyecciones que dimensionan el tamaño del ajuste fiscal requerido. Respecto a la senda de la regla fiscal, esta obliga al Gobierno a reducir el déficit total hasta coincidir, en el 2027, con el estructural, que es del 1% del PIB y concluye que para lograr las metas, entre el 2018 y el 2022 se deberán elevar los ingresos tributarios del Gobierno nacional del 15,1% del PIB al 16,4%, al tiempo que los gastos deberán reducirse del 18,1% del PIB al 17,8%, o sea un ajuste total del 1,6% del PIB. Estas cifras corroboran la importancia de adelantar una reforma tributaria que tenga un impacto positivo neto en el recaudo.
Para enfocar el tema de la reforma al gasto público, el equipo económico del nuevo gobierno deberá evaluar la conveniencia de crear un Consejo Fiscal consultivo, independiente del Gobierno y de los grupos políticos, y altamente técnico, que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y las decisiones en estudio de las cortes y de los jueces, y que dé cuenta de ello a la sociedad y a la Comisión de Gasto y la Inversión Pública.
Asimismo, hay que resaltar la importancia de adelantar una reforma presupuestal que haga transparente y eficiente la asignación de los recursos públicos, lo cual es el paso más fundamental para evitar la corrupción.
Dicha Comisión también adelantó consideraciones y recomendaciones respecto a las reformas a la salud y a las pensiones que pueden resultar de utilidad para el nuevo equipo económico.
En lo que toca con la salud señala la importancia de avanzar en la eliminación de incentivos perversos generados por el sistema de recobros por medicamentos, la ausencia de fuentes adicionales de financiación del sector para hacer frente a las presiones actuales de gasto, la urgencia de reconocer y pagar las deudas acumuladas entre los distintos actores del sistema y, en particular, los pasivos del sector público, y la necesidad de capitalizar las EPS.
La Comisión recomendó también introducir una reforma importante al régimen pensional y al sistema general de protección económica para la vejez que tenga como objetivo aumentar la cobertura del sistema de protección económica a la tercera edad, con énfasis particular en los segmentos que no logran las condiciones para obtener una pensión, y moderar la magnitud del gasto público en pensiones corrigiendo su regresividad. Ojala estas recomendaciones sean tenidas en cuenta por la administración Duque.