Nada nuevo en la negociación reciente del salario mínimo para el 2018. Como todos los años, las reuniones entre las partes se llevaron a cabo en medio de gran tensión, para llegar a última hora a un consenso sobre el que sería el incremento para el año que empieza. El aumento acordado fue de 5,9 por ciento, lo que sorprendió a más de uno, no solo porque es muy superior a la suma de la productividad laboral (0,44 por ciento) y la inflación causada (4,09 por ciento) en el 2017, sino por lo desligada de la decisión respecto a la realidad económica del país, y el impacto que puede tener sobre la informalidad.
En Colombia, la relación entre el salario mínimo y el salario mediano es cercana a uno (0,94), muy por encima a la de países como México (0,37), Chile (0,66) y Costa Rica (0,70), con productividades laborales superiores a las colombianas. Para la Ocde esta relación es 0,5.
En este contexto, como lo señalan varios estudios académicos, un incremento del mínimo por encima de la productividad, podría ser una de las causas que llevan a que los empleadores prefieran contratar de manera informal, con un salario inferior al legalmente establecido. Las consecuencias no solo recaen sobre los trabajadores, sino que terminan afectando la sofisticación de la economía por cuenta de la competencia desigual entre compañías que contratan formalmente y las que no lo hacen.
Es muy preocupante que la productividad desempeñe un papel tan marginal en la discusión del salario mínimo, cuando esta es el principal mecanismo para mejorar estructuralmente el bienestar de los trabajadores colombianos, y su crecimiento es el mayor reto de la economía colombiana para los próximos años. De hecho, aumentos en el ritmo de crecimiento de la productividad se traducen en un PIB más grande y, por lo tanto, en mayores ingresos para las empresas, en empleos de más calidad para los trabajadores, así como en más recursos fiscales.
En sentido contrario, la ausencia de productividad empeora a la sociedad en su conjunto y puede retrasar indefinidamente la posibilidad de que las personas accedan a un mayor bienestar.
El arreglo institucional actual de negociación del salario mínimo condena al país a pasar por alto la productividad en la discusión y no permite ir más allá de los debates que se realizan cada diciembre. Es imperativo que se plantee seriamente una redefinición de las reglas de juego para el salario mínimo. Hay un cuerpo amplio de evidencia y experiencias documentadas en diversos países sobre de este tema y que hasta ahora solo se discuten en espacios académicos o en artículos de opinión.
Avanzar en este sentido es especialmente relevante en el marco de los avances tecnológicos que están modificado las características de las relaciones laborales, producto de la digitalización acelerada y de la cuarta revolución industrial. ¿Qué espera la sociedad lograr con un salario mínimo? ¿Es más adecuado establecerlo por hora, que mensual? ¿Debería diferenciarse por regiones, por edades, por sector económico? ¿Podría reducirse la jornada laboral de las 48 horas semanales actuales? ¿Cómo se define su incremento? Mientras estas y otras preguntas no se discutan, y permitan llegar a nuevos acuerdos alrededor del mínimo, el país seguirá atrapado en el mal equilibrio que tiene hoy.
