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Sandra Forero Ramírez
columnista

Frutos del ordenamiento territorial

El terreno se debe abonar para que la segunda generación de los POT y los esfuerzos por planificar las ciudades siembren la semilla.

Sandra Forero Ramírez
POR:
Sandra Forero Ramírez
febrero 06 de 2019
2019-02-06 09:00 p.m.
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El mejor plan es el que se lleva a la práctica y se hace realidad. Esa puede ser la premisa para evaluar el ordenamiento territorial y la planificación urbana que han llevado a cabo las ciudades del país. Al pasar los esfuerzos realizados a la fecha por ese tamiz, es claro que se encuentran resultados agridulces, con más agrios que dulces. Por poner algunos ejemplos, y de acuerdo con los diagnósticos oficiales, tenemos que 8 de cada 10 Planes de Ordenamiento Territorial no están vigentes y los que desarrollaron sus esquemas de ordenamiento a comienzos de la década pasada (de acuerdo con el marco legal que le dio vida a este propósito) lo hicieron con un alto grado de precariedad y debilidad técnica e institucional.

Más ejemplos. En esa apuesta por planear, el 60% de los municipios definieron inadecuadamente su perímetro, en el 62% no existe plano cartográfico, en el 21% el plano no está georreferenciado, y más grave aún, en el 97% de los casos no se cuenta con estudios de amenaza de riesgo. Y ni hablar de la visión. El 32% de los municipios no clasificó los suelos de expansión y el 50% lo hizo sin criterios ni información adecuada, llegando incluso a que 6 de cada 10 municipios delimitaron erróneamente su suelo de protección ambiental.

Ese diagnóstico nos deja claro que, viendo el vaso medio lleno, tenemos grandes oportunidades de mejorar. Luego de dos décadas de tratar de planear adecuadamente nuestras ciudades, y de las realidades innegables que enfrenta el país en materia de urbanización, articulación funcional de los territorios, consolidación de aglomeraciones urbanas y necesidades sociales crecientes, no podemos darnos el lujo de seguir planeado mal, creando amplios márgenes de inseguridad jurídica para actuar sobre el territorio, abriendo puertas a la corrupción y diseminando un contexto de incertidumbre sobre la hoja de ruta que requieren nuestras ciudades en el largo plazo.

Entonces, ¿cuál debe ser el punto de partida para que nuestras ciudades gocen de una correcta planificación y puedan hacer frente al crecimiento informal? La repuesta es la información de calidad del territorio y los estudios técnicos derivados. Con esa base se limita el actuar discrecional de funcionarios, se blinda la prevalencia del interés general que procede la planificación, se crean bases de seguridad jurídica para intervenir el territorio de acuerdo con el marco legal y se permite consolidar una visión coherente de ciudad.

Desde luego, esto demanda inversiones, concurrencia institucional, acompañamiento de entidades de control, entre otros. Pero estos esfuerzos, que parecen altos y poco fructíferos en el corto plazo, son la mejor forma de garantizar que el desarrollo social y económico del país se alimente del desarrollo formal de los territorios y las ciudades. Un primer paso de articulación institucional es la Declaración Conjunta por la Integridad y la Transparencia en el sector edificador que recientemente firmó Camacol con la Procuraduría General de la Nación, en la cual, la función preventiva y de control en materia de ordenamiento territorial será una prioridad.

El terreno se debe abonar para que la segunda generación de los POT y todos los esfuerzos por planificar las ciudades y municipios del país siembren la semilla, y que en muy pocos años nos permita cosechar y recoger los frutos del ordenamiento territorial de calidad.

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