Con su acostumbrado rigor académico, el columnista Miguel Gómez escribió hace unos días en esta página (‘El trípode’, enero 8 de 2019) su propuesta de Pacto por la Competitividad.
Se trata de un pacto del Gobierno con el sector privado, para reforzar lo que Gómez denomina el ‘trípode del desarrollo’: productividad, competitividad y rentabilidad. Y de eso hay mucho en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuya ley fue presentada al Congreso hace un par de semanas.
Hay muchísimos temas en los cuales el sector público y el privado pueden trabajar juntos para lograr, por fin, el retorno a tasas de crecimiento económico que alivien el desempleo y la informalidad.
Pues aquí quiero proponer que el primer gran pacto se realice entre el Gobierno y el sector financiero. Todos sabemos que uno de los grandes obstáculos al emprendimiento es el apoyo crediticio a nuevos negocios que, teniendo un buen plan, y demostrando su viabilidad en el papel, son rechazados por los banqueros. Y que los que logran acceder al crédito, lo hacen en condiciones que menguan las tres patas del trípode, o las vuelve cojas.
También es claro que el sistema financiero prefiere cada vez más la seguridad de la inversión en títulos de deuda pública, los cuales adquiere con recursos casi gratuitos en las cuentas corrientes y de ahorro, y le producen una cómoda rentabilidad de entre 4 y 7 por ciento. También especulan, y de qué manera, con derivados, que les producen enormes ganancias.
Así como los bancos del siglo pasado eran manejados por profesionales del crédito, los de ahora son manejados por administradores de portafolio. Y eso no es malo, pero desvirtúa la función económica y social de la banca: intermediar ahorro, para que se convierta en inversión productiva, la cual es la mayor producción del futuro.
Y lo más evidente es que en el proceso iniciado por el Banco de la República en diciembre del 2016, de bajar la tasa de intervención, el sistema financiero parece haber reaccionado únicamente con la tasa de sus productos pasivos.
Ya hay cuentas de ahorro con rentabilidad nominal casi nula, y real negativa. Mientras tanto, el costo de los créditos a duras penas ha disminuido uno o dos puntos porcentuales. Y ello se refleja en que el interés bancario corriente en los últimos doce meses apenas bajó 0,8 por ciento.
En la actualidad, según el Emisor, la tasa de los créditos comerciales y los de Tesorería, que son los más utilizados por las empresas productivas, se encuentra alrededor de 10 por ciento efectivo anual, más de tres veces la inflación. Como consecuencia de todo lo anterior, los márgenes brutos de intermediación del sistema financiero se mantienen en 10 por ciento, el mismo promedio de los últimos 18 años. Recuerden que el crédito de consumo bordea 29 por ciento y el microcrédito 42 por ciento.
El gobierno ha propuesto en el PND mayor apoyo crediticio a pymes, acceso a garantías del FNG y fortalecimiento de instrumentos como el factoring. También anunció la ley que obligará al pronto pago de facturas.
Falta la participación del sistema financiero, y lo primero que pueden hacer es reducir las tasas de sus créditos a niveles más realistas con el nuevo mejor riesgo de la economía.
Sergio Calderón Acevedo
Perito financiero y docente
@sercalder60 / sercalder@gmail.com