Sanear las finanzas públicas después de ocho años de desgreño y desperdicio no es tarea fácil. Las más recientes propuestas de reducción de gastos suntuarios y, sobre todo, de poner a la gente a pagar impuestos, ha suscitado todo tipo de reacciones negativas. No saben los que han descalificado la ley de financiamiento, que ni siquiera han leído, que en el proyecto de norma de 65 páginas y 87 artículos hay un verdadero arsenal para luchar contra la evasión que todos critican, pero que la gran mayoría solapadamente practica. Tampoco saben que se está creando institucionalidad al dar vida a una Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, o a un Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal.
La primera servirá para anticipar la próxima crisis fiscal: la de las regiones, dándoles instrumentos a departamentos y municipios para que tengan más autonomía y responsabilidad fiscal. El segundo, para que las eternas fluctuaciones del ingreso petrolero o minero no sean el pretexto de un ministro de Hacienda llorón y sin margen de maniobra, para presentar reformas tributarias cada año.
La ley no solo disminuirá el IVA al 17 por ciento en el 2021, sino que apoyará la figura de las 'megainversiones': las de casi dos billones de pesos. Ellas son por excelencia generadoras masivas de empleo y demandantes a gran escala de insumos, crédito y todo tipo de servicios. A ellas se les amparará con estabilidad jurídica, la misma que Santos y Cárdenas engañosamente arrebataron a varios inversionistas que habían creído en el país cuando casi se ganaba la lucha contra los actos terroristas de principios del siglo. Para esas inversiones, la tasa impositiva será 27%, mucho más competitiva que la del 33% heredada de la anterior administración.
A los desinformados críticos del proyecto también hay que contarles que el mismo crea el denominado Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de Tributación: Simple. Este tributo es una valiosa herramienta para combatir la informalidad, uno de los peores males que detiene la productividad, fomenta la evasión, roba a millones de cobertura de salud y de pensión, y afecta a la mitad de los trabajadores en Colombia. Simple abre la puerta para que establecimientos de comercio como tiendas, talleres mecánicos, peluquerías e infinidad de negocios sean incorporados a la base tributaria, así como muchos profesionales independientes y establecimientos de comida, bares e incluso servicios de catering.
El Título IV del proyecto puede ser uno de los más importantes y el que encontrará seguramente mayor resistencia entre los honorables congresistas: "Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria". En este breve y limitado espacio no cabe un resumen, por lo cual recomiendo su lectura a todos.
Hay que destacar también que se contempla una nueva amnistía para activos no declarados y pasivos inexistentes, la cual debería ser aprovechada por los que aún ocultan enormes fortunas, porque con las nuevas tendencias internacionales de cooperación, tarde o temprano, también caerán. En fin, contra todo pronóstico, y sin hacer tanta alharaca, parece que esta sí puede ser el inicio de una reforma estructural que nos dará un manejo fiscal más sano, aunado al cierre de la fábrica de mermelada.
Lo único que falta, ministro Carrasquilla, es vender bien el proyecto, haciendo una correcta y amplia socialización del mismo.
Sergio Calderón Acevedo
Perito financiero y docente
@sercalder60 / sercalder@gmail.com