En Colombia, 15,7 millones de personas tienen algún tipo de acceso al sistema financiero. La crisis financiera del final de los noventa, nos llevó a un colapso de los bancos, quiebras de empresas, y la destrucción del patrimonio de millones de colombianos. La respuesta fue ingeniosa y acorde con la jurisprudencia internacional: la Ley 550. La posibilidad que una empresa insolvente, a través de la reestructuración operacional, el refinanciamiento de la deuda y, por encima de todo, la capacidad y voluntad de pago, pueda ser salvada.
De esta manera, 1.024 empresas y 82.000 empleos han sido rescatados por esta ley. Este derecho debe ser extendido al ciudadano.
Coyunturalmente, la desaceleración de la economía al 2,5%, el desfase fiscal del Gobierno el próximo año de 15 billones de pesos y las 2,5 millones de familias afectadas por las pirámides, pintan un complicado 2009. Triste decirlo, pero no es difícil concluir que miles o decenas de miles de personas no podrán pagar sus deudas, especialmente los que se endeudaron para poner la plata en pirámides. Más que estar preocupados por las culpas necesitamos soluciones, un procedimiento que sirva como salvavidas para el ciudadano. Hay que evitar que estas quiebras se conviertan en un ciclo vicioso que acentúen más las malas perspectivas del próximo año.
Una familia pagando su hipoteca, carro, tarjeta de crédito, entre otras, siempre está expuesta a la insolvencia. Por ejemplo, si algún miembro de la familia tuviera un accidente y por pagar las cuentas del hospital se queda 'colgado' en sus demás obligaciones, a esta familia no se le debe destruir su vida.
De la misma manera que nosotros no liquidamos las empresas cuando están insolventes, si esta familia mantiene su capacidad de pago y la voluntad de ponerse al día, todo lo que necesita es una refinanciación. Con un poco de originalidad y voluntad podríamos llegar a acuerdos de pagos entre las partes, de tal manera que el banco reciba su plata y a la persona no le acaben su vida. La insolvencia es nada más que un poco de oxígeno, cuando hay falta temporal de liquidez.
Tenemos en cuenta los retos de esta posible ley, especialmente al no fomentar la cultura del 'no pago'. Al entregar una herramienta tan poderosa al ciudadano hay que ser consciente de la posibilidad de abuso. El proceso debe llevar un tiempo límite y solo declararse una vez cada seis años, si no es fácil imaginarse cómo algunos abusarían y declararían la insolvencia perpetua y nunca pagarían nada. También, en casos de fraude, la persona pierde su derecho a declararse insolvente y queda denunciada penalmente frente a la Fiscalía. La idea es imponer salvaguardas de tal manera que la usen solo los que verdaderamente la necesitan.
Estados Unidos, España, Uruguay y muchos otros países entienden que la liquidación de las personas por aprietos financieros no tiene sentido económico, ni social. Las leyes de insolvencia son bondadosas, porque las familias ganan al tener la oportunidad de ponerse al día, y los bancos ganan al poder recuperar, si no todo, sí parte de la deuda. Lo otro, son pleitos de siete años en los tribunales donde pierden ambas partes y solo ganan los abogados.
