La destitución del alcalde Gustavo Petro plantea dos debates importantes para el país.
El primero: la aparente inconsistencia del poder de un ente de control frente al poder del elector.
Si bien nadie discute la prevalencia de este último, la pregunta es si los mecanismos con los que cuenta el elector para expresar su voluntad –en este caso la continuidad– son lo suficientemente expeditos.
Lo bello de la coyuntura es que la respuesta se da con el mismo alcalde Petro.
La revocatoria de su mandato lleva más de un año procesándose y, gracias al arsenal legal diseñado por los abogados del alcalde, lo más seguro es que nunca llegue a puerto.
Este es un ejemplo que ilustra cómo los mecanismos para que el elector ejerza su poder son vulnerables.
En estas circunstancias, aquel de la entidad de control no parecería desproporcionado. El diseño legal de nuestra república termina dirimiendo con sabiduría, y los alcaldes reciben un mensaje que debería ser obvio: han sido delegados para ejercer la voluntad del elector, no para hacer cualquier cosa, por importante que les parezca o por considerable que sea.
Las cosas importantes que sí puede hacer un alcalde constituyen el segundo debate. Nuestro diseño legal es claro en separar las aguas. Los alcaldes administran la forma, mientras que los concejos pueden cambiar el fondo.
Por eso los usos del suelo, el modelo de ciudad o los énfasis presupuestales deben ser aprobados por el Concejo. Es un mecanismo de protección de la democracia.
No se entrega el fondo a una sola persona.
No se le dan poderes de legislador al presidente, como tampoco se le permite al alcalde cambiar el modelo de ciudad o ensayar con los modelos de contratación.
Cualquier iniciativa de esta índole tiene que pasar por los cuerpos colegiados, porque hay allí representantes de los diferentes sectores del electorado. Ellos decidirán algo parecido a lo que el conjunto de electores decidiría cuando se trata de temas en los que hay cambios de fondo, cuyos efectos son complejos de predecir.
Podemos cambiar todas estas reglas y mecanismos de nuestra democracia, y seguramente esta es la oportunidad para tener esa discusión.
Por ejemplo, en el contexto de las negociaciones de paz y en el próximo Congreso, que tendrá que repensar varias cosas del fondo. Sin embargo, reinventar esa rueda que ha costado doscientos años de evolución republicana, para responder al reto de plaza pública que plantea un alcalde en el súmmum de su confusión entre la forma y el fondo, no parece conveniente.
Es más, los representantes de la izquierda tienen hoy la responsabilidad histórica de enfrentar y responder al reto de esa confusión.
Desde hace cincuenta años persiguen cambios de fondo en los mecanismos republicanos, unos desde el monte y otros desde la vida civil, sufriendo algunos la reacción en contra de los primeros. Cuando realmente pueden empezar a incidir, no deben permitir que se instale el mecanismo de cambiar el fondo a partir de los decretos de un individuo.
Tito Yepes
Investigador de Fedesarrollo