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Crece la presión global para que las tecnológicas tributen

Los ministros de finanzas del G7 acordaron un plan para imponer impuestos, camino que inició Francia con la ‘tasa Google’. 

G7

El ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, ha estado al frente de la ‘tasa Google’ que impuso su país.

EFE/ Ian Langsdon

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Portafolio
julio 18 de 2019 - 09:49 p.m.
2019-07-18

La Unión Europea no logró un acuerdo para crear un impuesto común del bloque. La Ocde está en el proceso de crear ese marco legal y llegó a un entendimiento, pero todavía le queda un largo camino. Sin embargo, este jueves el G7 dio un nuevo paso para solventar una de las grandes ‘quimeras’ de los gobiernos: poner a tributar a las grandes compañías tecnológicas.

En su reunión de ministros de finanzas en Francia, se alcanzó un “principio de pacto”, el cual, según Nicolás Carrero, director de Carrero Asociados, “busca establecer un piso de tributación a las empresas de tecnología que, si bien no tienen presencia física en los países, prestan servicios y reciben ingresos. Esto, para propiciar un mercado más competitivo y evitar que se transfieran utilidades a paraísos fiscales”.

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De acuerdo con los funcionarios de los siete países, esto afianza el camino para crear una regulación mundial. De hecho, el ministro alemán, Olaf Scholz, dijo que “lograremos el objetivo. Habrá un acuerdo el año próximo en la Ocde”.

En un artículo reciente publicado en Portafolio, el codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, dice que ese acuerdo “permitiría a los países estimar los impuestos a las multinacionales, con base tanto en las actividades que realizan en sus territorios, como de las utilidades que obtienen en el mundo. Ya no serían consideradas como una multiplicidad de filiales, sino como firmas que se benefician de un mercado global”.

Al respecto, Diego Molano, exministro de las TIC y el único colombiano en las negociaciones en la Ocde, explica que en el organismo ya hubo un acuerdo, y que el del G7 lo complementa. “No se acordó un impuesto, sino la hoja de ruta bajo dos pilares: que las tecnológicas sí deben pagar donde estén y sobre qué se hace esa tributación. Hay un consenso en que no es lógico que, por ejemplo, un teleoperador pague renta, uso del espectro e infraestructura, y venga una plataforma, dé servicios de voz, y no pague”.

Además, el pacto alcanzado ayer se suma al esfuerzo de Francia, al aprobar la ‘tasa Google’, que cobrará un 3% de los negocios realizados en ese país. Otras naciones como España, Italia, Bélgica, Australia o Reino Unido trabajan en su medida. Francia espera recaudar hasta 650 millones de euros adicionales al 2022 con la imposición del gravamen.

Pese a los avances, auguran que no es tarea fácil. Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, “en estos negocios transfronterizos es difícil saber en qué jurisdicción son los contratos. El lenguaje tradicional no cobija la realidad de estas actividades, donde los datos se generan en un lugar, son analizados en otra parte del globo, se preparan informes en otro lugar y se accede por internet desde cualquier sitio; las fronteras no aplican”.

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El funcionamiento, como agrega Ocampo, es sencillo: “declaran utilidades bajas en las filiales ubicadas en países con impuestos altos, haciéndolas comprar a precios elevados las licencias sobre derechos de propiedad intelectual a las filiales situadas en territorios en los cuales pagan pocos impuestos”.

GRANDES BENEFICIOS 

Más allá de la mayor presión que el G7 hace sobre las tecnológicas, los expertos resaltan los beneficios que se obtendrían con estas medidas, y Colombia no es una excepción a esta regla.

“El país gana mucho si estudia, piensa y decide cómo lidiar con las tecnológicas”, indica Ortega, al tiempo que Carrero resalta que “Colombia y Latinoamérica sí deben avanzar en estos temas, y deben hacerlo muy rápidamente, pues las empresas tecnológicas y virtuales son cada día más”.

Precisamente, hasta el momento, en lo que se ha avanzado es obligar a las plataformas que operan en el país a pagar el IVA, una medida con la que la Dian, con corte a mayo, afirmó que ya hay 16 empresas que han aportado $116.630 millones al recaudo público.
“La legislación en cuanto al IVA ya se viene modernizando en línea con las recomendaciones de Ocde. Esto debe limitar la competencia desleal, pero queda entonces la discusión de las grandes empresas que venden información” apunta el exdirector de la Dian.

Pero, para lograr esto, todavía hay diversos retos por delante. Según Hernando Sepúlveda, profesor de la Universidad Javeriana, “vamos a encontrarnos con interrogantes de cómo aplicarlo, máxime cuando los regímenes tributarios de la región son mucho más regresivos y las legislaciones muchas veces ambiguas, lo que dificultaría los recaudos. Las normas están bastante rezagadas frente al avance de las empresas”.

Rubén López Pérez

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