En momentos en que el país está enfocado en cumplir los requisitos exigidos por la Ocde, atraer inversión extranjera y mejorar la productividad, los hallazgos de un reciente estudio titulado ‘Análisis del cumplimiento de normas vinculantes y no vinculantes en gobierno corporativo’ resultan desalentadores, al concluir que cuando se trata de cumplir este tipo de normas vinculantes (obligatorias), las empresas cumplen con el requisito legal en los documentos exigidos, pero no en la práctica, y cuando se trata de normas no vinculantes hay poco interés en su implementación.
La muestra de este estudio la constituyeron 212 compañías con más de 16 años de antigüedad, el 56,4% eran empresas familiares (EF), de primera y segunda generación y el 43,6% empresas no familiares, de las cuales 46,5% eran grandes compañías, 23,8% medianas y 29,7% pequeñas. Los encuestados eran accionistas, miembros de Junta Directiva y directivos.
Entre los aspectos analizados que más llaman la atención es la poca relevancia que los empresarios le dan a la Asamblea General de Accionistas, a pesar de ser el principal órgano de gobierno y uno de lo que mayor normatividad vinculante tiene.
Si bien es obligatorio hacer como mínimo una Asamblea al año, solo la realiza el 57,9% de las EF y el 59,1% de las ENF.
Con respecto a la entrega de información con la debida antelación, 5,4% no lo hace, 60,4% sólo proporciona información financiera, 56,4% comparte el acta anterior, 34,7% da informes de auditoría y de comités de apoyo de gobierno corporativo. Estos porcentajes evidencian que continúa siendo reducida o de poca calidad la información que reciben los accionistas para poder tomar mejores decisiones.
Frente a decisiones sensibles para el buen funcionamiento de la empresa, como son la política de dividendos, los estatutos, elección del revisor fiscal, que por ley son competencia de la Asamblea, están quedando en manos de otros órganos de gobierno, principalmente de los accionistas mayoritarios, la junta directiva o el gerente general, lo que lleva a concluir la existencia de abusos o la apropiación de los derechos de los accionistas minoritarios.
Frente a la política de dividendos se encontró que 52% lo hace conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, 34,7% lo decidió en órganos de gobierno diferentes.
De forma específica, dichas decisiones fueron tomadas por el accionista mayoritario (8,9%), el consejo de socios (2,5%), el consejo de familia (2,5%), el gerente general (6,9%) y la junta directiva (12,9%). Al contrastar resultados entre EF y ENF, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas, en las ENF existe una mayor disposición (60,2%) para delegar en la asamblea esta responsabilidad, en comparación con las EF (45,6%).
Con relación a la modificación y aprobación de los estatutos, si bien debería cumplirse la norma en el 100% de los casos, 67% en las ENF modificó sus estatutos en la AGA y 18,2% lo hizo en la Junta Directiva. En las EF sólo el 43% lo realizó en la AGA, el 12,3% lo delegó al accionista mayoritario y el 13,2% en el gerente general.
Con base en estos resultados, es claro que las EF entran constantemente en conflictos societarios porque existe la concentración del poder en pocos actores sin la debida separación de las funciones en propiedad, gobierno y dirección.
Frente a la elección del revisor fiscal el 57% de las ENF lo hizo en la asamblea, 27,7% dejó esta responsabilidad en la Junta Directiva, siendo algo extraño que este organismo nombre a quien tiene el deber de fiscalizar su labor y la de los demás administradores. En las EF, 43,9% realizó esta elección en la AGA y 17,5% en la Junta Directiva.
A pesar de los notables esfuerzos realizados por entidades como Confecámaras, Cámara de Comercio de Bogotá, Superintendencia de Sociedades y Bolsa de Valores de Colombia para profundizar en el conocimiento y la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, es evidente que a los empresarios colombianos les cuesta cumplir las normas, porque predomina una cultura organizacional deficiente, poca formación especializada en el tema y sobre todo falta de concientización de la trascendencia que tiene para las organizaciones contar con un gobierno ajustado al complejo entorno de hoy.
Estos resultados demuestran también que desafortunadamente el éxito empresarial no ha ido de la mano con el cumplimiento de la normatividad existente, cuya tendencia en el resto mundo es que cada vez se cumpla de manera más estricta para garantizar la transparencia y perdurabilidad de las organizaciones.
Las empresas familiares en Colombia, representan más del 70% de las sociedades del país, por lo que la recomendación para sus propietarios es tener en mente esta frase del investigador John Ward: “Más importante que crear la empresa, es entregarla a la siguiente generación de una manera inalterada en lo familiar, empresarial y social”.
FAMILIAS
Un alto porcentaje de las empresas colombianas muestra poco interés en mejorar sus prácticas de gobierno corporativo, perdiendo así la posibilidad de obtener beneficios como un mejor ánimo societario, perdurabilidad y sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo.
Gonzalo Gómez Betancourt
PhD, Director LSO School.
